La columna de Rodrigo Moreno: “La reasignación de ingresos tarifarios busca tarifas más convenientes”

“Existen algunos equívocos en la opinión pública con respecto a la propuesta. En primer lugar, se ha argumentado que la propuesta eleva las tarifas para el cliente final. En segundo lugar, se sostiene que la propuesta distorsiona las señales de localización”.

En Chile, la regulación del sector eléctrico establece que la totalidad de los ingresos tarifarios (IT), recolectados desde los balances de inyecciones y retiros que pagan los generadores en el mercado spot, se entreguen a los consumidores, quienes sólo pueden utilizarlos para remunerar parte del costo de inversión de la transmisión. Esta práctica ignora dos principios fundamentales en regulación eléctrica. Primero, los IT no debieran estar asignados únicamente a la demanda (ni tampoco los costos de inversión de la transmisión); estas asignaciones deberían establecerse en función del uso (beneficio) que cada agente realiza (percibe) del sistema de transmisión. Segundo, debieran existir mecanismos que posibiliten la redistribución de IT, optimizando así la gestión de los riesgos de congestión. Estas deficiencias en el diseño de nuestro mercado son cruciales en el nuevo contexto y la falta de acción para corregirlas de forma oportuna pueden llevar a incrementos innecesarios en los precios de la electricidad.

En este contexto, la propuesta del Ministerio de Energía busca mejorar la asignación de riesgos asociados a congestiones extraordinarias (que dependen del desarrollo de la transmisión), especialmente en contratos futuros. La idea central es transferir este riesgo a los agentes que están en mejor posición para absorberlo y gestionarlo, lo que resulta en una reducción de las primas por riesgo y, en última instancia, en menores precios para el consumidor final. Dicha transferencia de riesgo significa que el consumidor, o mejor dicho el regulador, es quien debe evaluarlo cuándo realice compras de energía, en lugar de pedirle a los generadores que lo internalicen en sus ofertas, quienes tienden a exacerbar el valor de la prima asociada, fenómeno que se conoce como aversión al riesgo (nótese que los IT pueden llegar a ser una fracción significativa de los costos de generación, lo que justifica la aversión a este riesgo por parte de los generadores). Este principio está en sintonía con teorías ampliamente aceptadas y prácticas internacionales, ofreciendo una base sólida para la modernización del marco regulatorio en el sector eléctrico.

Es relevante subrayar que el Ministerio de Energía ha cuantificado su propuesta con la ayuda del Instituto Sistemas Complejos de Ingeniería (ISCI), proyectando un ahorro significativo del orden de 14 dólares por megavatio hora en futuros Acuerdos de Compra de Energía (PPAs) con respecto al caso donde no se realiza este cambio, lo cual beneficia directamente a los consumidores. Esta cuantificación destaca la necesidad de implementar cambios en el marco regulatorio de manera expedita para que los futuros contratos ofrezcan precios más competitivos. La propuesta, aunque importante, evidentemente no excluye la necesidad de reformas más profundas y holísticas, que requieren más tiempo (como la reasignación de costos de transmisión y la creación de instrumentos más avanzados como los denominados Derechos Financieros de Transmisión). Nótese que una de las grandes ventajas de la actual propuesta es que su implementación es notablemente sencilla y rápida, ya que el principio de reasignación de IT en caso de atrasos de obras de transmisión ya existe en la ley en su artículo 114 bis. Desde esta perspectiva, la propuesta busca, de forma expedita, generalizar un principio existente en la regulación y amplificar sus beneficios.

Además, la propuesta es esencial para nivelar el terreno de juego entre actores de diferentes tamaños en el mercado. Las pequeñas empresas, con una presencia geográfica limitada, son inherentemente más susceptibles a los riesgos de congestión. Por otro lado, las grandes empresas que tienen una amplia cobertura a lo largo del sistema pueden contrarrestar las pérdidas en ciertas áreas con las ganancias correlativas en otras. En este contexto, la carencia de mecanismos para el manejo efectivo de riesgos de congestión conlleva a una menor eficiencia económica, competencia más reducida y mayores barreras de entrada.

Con respecto a la aplicación sobre los contratos vigentes, el Ministerio propone la misma reasignación de IT, pero con una condición adicional: Quienes reciben el beneficio deben aportar hacia una tarifa eficiente. Así, la justificación en este caso es la de mantener las tarifas lo más bajas posible, creando una transferencia de recursos que resulta menos onerosa para el consumidor en comparación con posibles aumentos de tarifas en casos de insolvencia. Nótese que esta corrección regulada en las transferencias de IT es equivalente a la que resultaría en un mercado libre, donde las partes buscan y aprovechan espontáneamente oportunidades para implementar mejoras mutuamente beneficiosas.

Existen algunos equívocos en la opinión pública con respecto a la propuesta. En primer lugar, se ha argumentado que la propuesta eleva las tarifas para el cliente final. En segundo lugar, se sostiene que la propuesta distorsiona las señales de localización. Y, finalmente, se ha mencionado que la propuesta corresponde a un “traje a la medida” para generadores renovables. Técnicamente, estas afirmaciones son erróneas. La propuesta busca ofrecer tarifas más accesibles al consumidor sin distorsionar las señales de localización, y se basa en un mecanismo tecnológicamente neutral. Vale la pena señalar que estos conceptos no son nuevos y se han debatido al menos desde 2015. Además, mecanismos de reasignación de IT similares al propuesto ya operan en contratos libres, lo que refuerza su viabilidad y atractivo.

Como recomendación, es esencial eliminar ambigüedades en la actual versión del Proyecto de Ley y definir con claridad sus objetivos, así como los de futuros reglamentos y resoluciones asociadas a la propuesta. Este esfuerzo, bien implementado, puede ciertamente modernizar y fortalecer el marco regulatorio del sector eléctrico en Chile, alineándolo con los desafíos y oportunidades del siglo XXI.

Fuente: Latercera.com