Los dos lados de una mala decisión
La delincuencia y el crimen organizado están entre las preocupaciones más importantes de la ciudadanía. De aquí que resulta incomprensible el reciente recorte de más de 7.000 millones de pesos que el Gobierno aplicó al presupuesto del Ministerio Público.
Richard Weber
Académico de Ingeniería Industrial, U. de Chile
Investigador del Instituto Sistemas Complejos de Ingeniería
Las reacciones al recorte no se han hecho esperar. Parlamentarios y expertos han calificado la medida como “un golpe directo a la lucha contra el crimen organizado” y “un descriterio total”. Mientras tanto, desde el propio Ministerio Público se ha advertido que esta reducción presupuestaria pone en riesgo la contratación de nuevos fiscales y personal de apoyo, así como la implementación de proyectos esenciales como la Fiscalía Supraterritorial, diseñada para abordar delitos complejos de manera integral.
En este contexto, no agregaré otro calificativo más para expresar lo equivocado que es este recorte. Por el contrario, quisiera, más bien, mostrar el otro lado de esta mala decisión y reflexionar sobre cómo podemos buscar seguir adelante en la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado sin sufrir una reducción en nuestra efectividad.
Para ello, es fundamental aprovechar las herramientas que ya tenemos a nuestro alcance. En los últimos años, hemos desarrollado varias herramientas para el estudio del delito con Inteligencia Artificial, el llamado ecosistema HeredIA, que entrega apoyo efectivo y eficiente a las y los fiscales. Estas soluciones permiten analizar patrones delictivos, predecir zonas de alto riesgo y optimizar los recursos disponibles para la investigación de delitos. Su implementación ha demostrado ser clave en varias fiscalías, donde se han logrado avances significativos en la desarticulación de bandas criminales.
HeredIA, por ejemplo, ha sido utilizada con éxito en la Fiscalía Nacional para analizar redes criminales, logrando identificar a los cabecillas de estas organizaciones y asegurar su persecución judicial. Además, su capacidad de integrarse con diversas bases de datos permite a las fiscalías trabajar en conjunto con otras agencias de seguridad, algo esencial en un mundo donde el crimen no conoce fronteras.
Estas herramientas, sin embargo, no son autosuficientes. Requieren actualización constante, capacitación y, sobre todo, una inversión sostenida que garantice su correcto funcionamiento. El recorte presupuestario pone en riesgo estas condiciones, debilitando una estrategia que ha mostrado resultados concretos frente a la delincuencia.
Ahora bien, no todo está perdido. Este es el momento para que los sectores público y privado unan esfuerzos. Las universidades y centros de investigación pueden jugar un rol clave en el desarrollo de nuevas soluciones tecnológicas que respondan a las necesidades del Ministerio Público. Por su parte, el sector privado podría aportar con financiamiento y expertise técnico, en el marco de alianzas público-privadas orientadas a la seguridad ciudadana.
La lucha contra la delincuencia y el crimen organizado no puede depender de ajustes presupuestarios que comprometan nuestra capacidad de respuesta. Es hora de apostar por la innovación, la cooperación y la visión de largo plazo para construir un país más seguro para todos y todas.
Fuente: Biobiochile.cl