Ley de Transición Energética en Chile: lo que hay en juego y los intereses tras sus detractores
La reciente frase de Al Gore en su discurso ante el Foro Económico Mundial es un recordatorio poderoso: “Nosotros no podemos permitir que las compañías petroleras, las compañías de gas y los Estados petroleros nos digan lo que es permisible”. Estas palabras resuenan como un llamado a la acción, una exhortación para mirar más allá de los intereses particulares y a reconocer la imperiosa necesidad de avanzar hacia una matriz energética que refleje la realidad y las aspiraciones del siglo XXI.
El ministro de Energía, Diego Pardow, ha presentado un proyecto de ley destinado a promover una transición energética justa en Chile. Este proyecto de ley se hace cargo, entre otras materias, de corregir actuales distorsiones en la asignación de ingresos tarifarios y promover el almacenamiento en la red eléctrica. Tanto el diagnóstico como las soluciones han tenido por base el trabajo del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería, una de las instituciones más prestigiosas y transversalmente respetadas por su independencia y rigor académico. Entonces, si la evidencia técnica es contundente, ¿por qué han aparecido tantos detractores y desde dónde habla cada uno de ellos?
Es importante considerar que todos los actores en este diálogo, incluyéndome a mí como asesor legal de diversas empresas de generación renovable, aportamos desde nuestros propios puntos de vista. Sin embargo, resulta fundamental, especialmente cuando las voces provienen de las empresas tradicionalmente incumbentes, examinar no solo qué se dice, sino también quién lo dice y por qué.
Para ilustrar este punto, uno de los principales detractores públicos del proyecto de ley ha sido la empresa Colbún, en este caso, recordemos el contrato inicial firmado por esta compañía con Codelco en 2010, en el que se comprometió a suministrar anualmente 2.500 GWh a través de la Central Termoeléctrica Santa María. Posteriormente, se sumaron contratos por 3000 GW/h acordados con BHP por un periodo de diez años a partir de 2022.
Surge entonces la pregunta: ¿por qué una empresa como Colbún, con apenas 250 MW fotovoltaicos en la zona de Diego de Almagro, y cuya generación mayoritaria se produce desde la Quinta Región al sur, contrata tanta energía en el extremo norte del país?
La respuesta podría apuntar a que esta compañía se ve beneficiada por los costos marginales cero que hoy se les pagan a las empresas renovables instaladas en el norte y que se verían al menos parcialmente corregidos con el proyecto de ley. Esta conclusión podría explicar la preferencia de Colbún, que ha tenido resultados de Ebitda récord recién anunciados, por mantener el statu quo, en lugar de abordar los desafíos que presenta un sector en constante evolución.
Así, los detractores del proyecto manifiestan una oposición aparentemente anclada en intereses particulares y en una mentalidad fijada en mantener el statu quo y las regulaciones de hace cuatro décadas.
La reciente frase de Al Gore en su discurso ante el Foro Económico Mundial es un recordatorio poderoso: “Nosotros no podemos permitir que las compañías petroleras, las compañías de gas y los Estados petroleros nos digan lo que es permisible”. Estas palabras resuenan como un llamado a la acción, una exhortación para mirar más allá de los intereses particulares y a reconocer la imperiosa necesidad de avanzar hacia una matriz energética que refleje la realidad y las aspiraciones del siglo XXI.
Fuente: Elmostrador.cl