Iniciativas eléctricas en situación de crisis
El investigador ISCI Rodrigo Moreno, en su columna de Diario Financiero, habla de los problemas en el sector eléctrico de nuestro país y sobre cómo estos se podrían solucionar.
Chile está pasando por una crisis sin precedentes, de la cual el sector eléctrico no está ajeno. De hecho, algunas de las medidas del gobierno demuestran que este sector es parte importante del problema. Más aún, autoridades y empresas del sector enfrentan constantemente críticas desde la ciudadanía por aumentos en las cuentas de electricidad, cortes frecuentes de suministro y la presencia de externalidades importantes a nivel social y ambiental.
¿Cuál es la situación real?
De un análisis comparativo observamos lo siguiente. Primero, la calidad de suministro del país es pobre. Un consumidor promedio presenta 15 horas de interrupciones de suministro al año, equivalente a casi cinco veces el promedio de la OCDE. Segundo, Chile destina pocos recursos para financiar sus redes eléctricas, que son responsables de más del 95% de los cortes de suministro. Por ejemplo, para distribución se destinan recursos equivalentes a un 65% de lo que dedica un país promedio OCDE. Esto se repite en la transmisión, donde ciudades completas se encuentran vulnerables, dependiendo de un solo circuito de alimentación. Tercero, a pesar de lo anterior, Chile presenta un precio de la electricidad relativamente alto.
Esto se justifica por la parte de generación de la tarifa, la cual es 25% más alta que la media de la OCDE.
Estudios complementarios y más profundos, realizados en base a modelos matemáticos avanzados, demuestran que efectivamente faltan recursos para mejorar las redes eléctricas y sobran recursos para remunerar una generación eficiente, aunque este exceso de recursos no afecta a todos los generadores. Además, existen otros problemas importantes, especialmente para la sustentabilidad del sistema. Entre los más notables está un mecanismo ineficiente de impuesto a las emisiones, cuyo pago es, en parte, socializado entre los generadores, perjudicando a las tecnologías renovables. Nuestros análisis prueban que este mecanismo puede producir reducciones muy limitadas en emisiones y a un costo social mucho más alto que otras políticas alternativas.
Está más claro que nunca que el sector eléctrico debe implementar mejoras. Estas incluyen aumentar urgentemente los recursos para redes de distribución y transmisión que mejoren en calidad de suministro. Esto, lamentablemente, se contradice con la permanente actitud de la autoridad, que busca la manera de reducir los recursos para las redes con iniciativas como la ley corta de distribución o, simplemente, rechazando peticiones y sugerencias de los participantes (algunas del mismo Coordinador Eléctrico Nacional) para mejorar las redes de transmisión. Además, se deben buscar los mecanismos que permitan reducir oportunamente (¡y no estabilizar!) los precios regulados de la generación eléctrica, los cuales están muy desajustados de la realidad actual del mercado y no reflejan adecuadamente las bajas de costos que ha sufrido este sector en los últimos años.
La crisis actual presenta una oportunidad única para que las autoridades puedan hacer un reconocimiento de lo malo y puedan realizar, en cooperación con los actores del mercado, cambios disruptivos e innovadores que estén a la altura de las demandas sociales, llevándonos hacia un futuro más eficiente, seguro, sustentable y justo para todos.
Fuente: Diario Financiero