FNE acusa a empresas de gas: Chilenos les pagamos US$268 millones de más cada año

En gas de balón, sugiere prohibir que Gasco, Abastible y Lipigas distribuyan a clientes finales.La industria del gas está en la mira de la Fiscalía Nacional Económica (FNE). El organismo antimonopolios que dirige Ricardo Riesco divulgó hoy el informe preliminar de su sexto estudio de mercado –tras rentas vitalicias, notarios, textos escolares, medicamentos y compras públicas–, luego de un año de analizar datos de las empresas distribuidoras de gas licuado (o de balón, GLP) y natural (GNL) entre los años 2010 y 2020.

Las conclusiones no son para nada positivas. La entidad dijo que se constató que este mercado no está funcionando adecuadamente desde el punto de vista de la competencia e hizo varias recomendaciones que permitirían que el precio de venta a público de cada cilindro de gas se reduzca alrededor de un 15%, mientras que las cuentas de gas natural podrían bajar entre el 13% y el 20%.

En el segmento del gas licuado, donde operan Gasco, Abastible y Lipigas –ligadas a las familias Pérez Cruz, Angelini y Santa Cruz, respectivamente– apuntan a que hay una baja competencia en la distribución y describen varios factores estructurales que hacen que el riesgo de colusión entre competidores sea alto. Entre ellos, la homogeneidad del producto ofertado (cilindros), la simetría de sus participaciones de mercado, la estabilidad y marcada estacionalidad de la demanda (principalmente en invierno) y las restricciones verticales entre las empresas y los distribuidores minoristas, donde pese a existir alrededor de 5.600 pymes (camiones repartidores), en los años analizados existen contratos de exclusividad con las empresas.

La fiscalía dice que la menor competitividad del segmento hizo que entre el 2014 y 2020 las empresas hayan aumentado sus márgenes mucho más de lo razonable. El cálculo que hicieron es que en ese período las empresas aumentaron su margen anual desde un 35% a un rango de entre 50% y 55%, lo que se traduce en un precio adicional de US$181 millones cada año en la compra de gas para los consumidores, lo que equivale a aproximadamente un 15% del precio actual de venta al público de cada cilindro.

En gas natural, donde el principal actor de la industria es Metrogas, con alrededor del 70% del mercado y que sirve a la Región Metropolitana, se concluye que hay defectos en la regulación del sector. Entre otros aspectos, la fiscalía detectó que una excepción contenida en la última reforma a la Ley de Servicios de Gas, de junio del 2017 –cuando era ministro de Energía Máximo Pacheco–, permitió a Metrogas a través de una empresa integrada verticalmente y no sujeta a regulación (Agesa) aumentar el costo de la prestación de su servicio de distribución de gas.

Esto implicó, a partir de febrero del 2017, un aumento de entre un 13% y un 20% en el precio del gas natural residencial pagado por los clientes de Metrogas, lo que equivale a entre US$78 millones y US$87 millones anuales.

Tres recomendaciones

‘El estudio confirma que el mercado del gas no es suficientemente competitivo y nuestras recomendaciones buscan que esto cambie lo antes posible en beneficio de los consumidores, porque estamos convencidos de que los precios pueden ser significativamente menores a futuro si se ajusta la regulación’, dijo Riesco en un comunicado.

Con el diagnóstico en mano, la FNE propone al Poder Ejecutivo tres recomendaciones para mejorar las condiciones de competencia, apuntando a otorgar un mayor acceso y menores precios.

En gas licuado propone prohibir que las empresas mayoristas (Gasco, Abastible, Lipigas) participen directa o indirectamente en la distribución al cliente final, lo que permitiría que los distribuidores minoristas puedan vender cilindros de cualquier marca sin estar ‘atado’ a una compañía.

Para el segmento del gas natural, sugiere dos recomendaciones. La primera es precisar el régimen de acceso abierto a las redes de transporte para facilitar el ingreso de nuevos actores; y por otro lado, modificar el cálculo de la tasa máxima de rentabilidad de las distribuidoras de gas natural en la Ley de Servicios del Gas, de tal modo que la fórmula considere la rentabilidad de todo el grupo económico verticalmente integrado.

Para este estudio la FNE encargó informes a los economistas Juan Pablo Montero, de la UC, Eduardo Saavedra, de la UAH, y Christopher Decker, de la Universidad de Oxford. El estudio final –tras recibir opiniones de las empresas– será entregado al Ministerio de Energía.

Odecu: Es gravísimo

Las reacciones no se hicieron esperar. Stefan Larenas, presidente de Odecu, enfatizó en que la conclusión del estudio ‘es gravísima’. ‘No funciona la libre competencia en el mercado del gas y quien paga, nuevamente la cuenta, son los consumidores’, defendió.

Por eso, insistió en que ‘como país tenemos que decir ¡Basta! No sabemos si hay acuerdos, negociados o colusiones, por eso le pedimos públicamente a la Fiscalía Nacional Económica que no se quede en el estudio y que haga una investigación formal de este, que parece ser un nuevo robo a los consumidores’.

En el comunicado de la FNE, el fiscal Riesco mencionó algo de eso. ‘Actos o conductas ilegales pasadas que se hayan cometido en este mercado, como colusiones o abusos de posición dominante, también pueden ser objeto de investigaciones de la FNE, las que siguen un carril aparte de este estudio y en las cuales contamos con otros instrumentos persecutorios muy potentes’, dijo.

Al cierre de esta edición no fue posible conseguir la opinión de las empresas ni del exministro Pacheco.

Fuente: La Segunda