Fiscalía económica anuncia nuevo estudio: Ahora apunta a los pocos actores de la industria del gas

El organismo definió cuatro razones para la investigación, entre ellas la propiedad de las empresas y las diferencias de precios.

La industria del gas —natural y licuado— es el nuevo mercado que analizará la Fiscalía Nacional Económica (FNE), que hoy anunció su sexto estudio de mercado, tras las investigaciones realizadas en rentas vitalicias, notarios, textos escolares, medicamentos y compras públicas.

Preliminarmente, el organismo dijo que detectó diversos aspectos que justifican la hipótesis de falta de competencia. ‘Existen espacios en el mercado del gas que no se encuentran funcionando de forma adecuada desde el punto de vista de la competencia, lo que estaría provocando que las condiciones comerciales a las que pueden acceder consumidores mayoristas y minoristas no sean las óptimas’, dice la resolución que da inicio al estudio.

‘El mercado del gas es clave para la economía, para los bolsillos de las familias y también tiene ventajas medioambientales. Por eso, vamos a trabajar en detectar todos los aspectos para mejorar la competencia de este mercado’, dijo Ricardo Riesco, Fiscal Nacional Económico.

De acuerdo a los datos recopilados por la entidad, el gas representa el 15% del consumo energético nacional y hasta 19% del presupuesto de los hogares en servicios básicos. Además, es un insumo clave para la descarbonización del sector eléctrico y porque su infraestructura podría ser utilizada, a futuro, para trasladar hidrógeno verde.

Cuatro razones

La FNE detalló cuatro razones para justificar el estudio. La primera es la necesidad de revisar la estructura de propiedad horizontal de la industria y su nivel de concentración, debido a que los mismos grupos económicos participan tanto en gas natural, como en licuado. ‘Tanto Lipigas (Grupo Yaconi-Santa Cruz) como Gasco (Grupo Pérez Cruz) participan en ambos mercados directamente, mientras que AntarChile (Grupo Angelini) cuenta con participaciones tanto en Abastible (gas licuado) como en Metrogas (gas natural), empresa en la que comparte propiedad con CGE Gas Natural’, describe.

La segunda razón es que detectó diferencias en el precio del gas —de hasta 20% en algunos casos—, según la forma en cómo se accede a él (cañería o balón), la marca y el área geográfica. ‘Por tratarse de un bien homogéneo, lo esperable es que haya una baja dispersión en el precio, pero en la práctica ocurre lo contrario’, explica la FNE.

El tercer argumento es que existen integraciones verticales en la propiedad de las empresas. Habla de compañías que se dedican a importar gas y que también son dueñas de parte de la infraestructura de almacenamiento, transporte y distribución final hacia hogares, comercios e industrias. ‘Aunque esta situación no es negativa en sí misma (…) es relevante analizar si estos vínculos son eficientes o si se traducen en barreras a la entrada y, en consecuencia, en mayores precios’.

El cuarto punto habla sobre las diferencias en la forma en que se ha regulado al gas en comparación con otros servicios básicos. Dice que estas asimetrías podrían explicar las diferencias en el acceso al producto: sólo 21,4% de la población accede al gas a través de cañerías, mientras que 93,7% está conectado a la red de agua potable y un 99,5%, a energía eléctrica de red.

La FNE dijo que el estudio será asesorado por los economistas Juan Pablo Montero, de la UC, y Eduardo Saavedra, de la Universidad Alberto Hurtado. La versión final será publicada en octubre de 2021.

Fiscal habla de ahorros millonarios si se hubieran acogido propuestas de estudios previos

El estudio que realizará la FNE sobre el mercado del gas es el sexto que realiza desde 2017, cuando comenzó a desplegarse la nueva unidad de estudios de mercado al interior del organismo. Rentas vitalicias, notarios, textos escolares, medicamentos y compras públicas, en ese mismo orden ya pasaron por la lupa del organismo y en todos los casos se hicieron propuestas al Ejecutivo para mejorar la competencia, lo que de paso involucraba ahorros importantes para el Estado y las personas.

De hecho, el fiscal Ricardo Riesco sostuvo hoy que ‘si se acogieran las recomendaciones efectuadas en nuestro cinco estudios de mercado que ya están finalizados, podrían lograrse ahorros anuales de, como mínimo, entre US$ 521 millones y US$ 1.535 millones para las personas o el Estado’.

Fuente: La Segunda