#Columna: Rebaja al impuesto al combustible: el lobo vestido de oveja
Por Alejandro Tirachini. Académico de Ingeniería Civil de la Universidad de Chile
Una reducción del 50% del impuesto específico al combustible en estados de excepción constitucional comenzó a ser discutida en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, como “apoyo para las familias de menos ingresos y de clase media que se han visto agobiadas por el adverso escenario económico actual asociado a la pandemia Covid-19”. El problema es que los efectos reales de esta medida, de aprobarse, van en sentido opuesto al objetivo buscado.
La premisa de que este proyecto tiene su foco en familias de bajos ingresos y clase media simplemente no tiene sustento en la realidad. Datos del INE muestran que en Chile el consumo de gasolina está correlacionado de forma casi perfecta con el ingreso, pues las familias acomodadas usan mucho más el automóvil. Si en promedio un hogar del 20% de menores ingresos gasta unos $5.000 pesos mensuales en gasolina, un hogar del 20% más rico gasta unos $70.000 mensuales (la pandemia podría cambiar estos valores absolutos, pero no su relación). Si la rebaja tributaria se aprueba, el quintil de mayores ingresos se llevaría más del 50% de la recaudación que el Estado dejará de percibir, mientras el quintil de menores ingresos se lleva sólo el 3%. Un estudio de Agostini y Jiménez muestra que el impuesto específico a la gasolina es progresivo en Chile y que la rebaja temporal al impuesto decretada el 2008 benefició en mayor medida a segmentos de altos ingresos. El nuevo proyecto de ley es tropezar con la misma piedra 13 años después. Peor aún, es posible que las distribuidoras de combustible se lleven una buena tajada de la rebaja al impuesto. En Alemania, la disminución de 3 puntos porcentuales del IVA (de 19% a 16%) decretada por seis meses el año 2020 trajo consigo, en el caso de las gasolinas, que solo entre el 40% y el 61% de la rebaja tributaria sea traspasada al precio, mientras el resto fue a engrosar las utilidades de las gasolineras.
La rebaja al impuesto al combustible desfinancia al Estado cuando más lo necesita, precisamente para financiar políticas realmente sociales. El SII ha estimado que la pérdida en recaudación sería de unos 990 millones de dólares anuales. Este presupuesto equivale a la construcción de cuatro hospitales, la entrega de la Pensión Básica Solidaria a 380.000 personas o la adquisición de 2.700 buses eléctricos con su correspondiente infraestructura de carga, suficiente para renovar la flota de buses en todas las ciudades de las regiones de La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos, Aysén y Magallanes. La rebaja al impuesto al combustible tampoco se sustenta en criterios medioambientales, ya que el incentivo al uso del automóvil redunda en exacerbación de enfermedades respiratorias y en mayor emisión de gases de efecto invernadero.
Las razones esgrimidas para apoyar el proyecto incluyen el alza del valor del combustible en los últimos meses, que afecta principalmente a servicios como los taxis colectivos y a personas de zonas extremas donde la gasolina cuesta más de $1.000 por litro. Estos problemas específicos requieren otro tipo de medidas de ayudas directas (por ejemplo, un subsidio a la tarifa en el caso de los colectivos), que no tienen los efectos regresivos y perniciosos de este proyecto. Cabe destacar, además, que el impuesto al diésel ya es demasiado bajo (solo un cuarto del impuesto a la gasolina) y además los transportistas tienen derecho a una rebaja tributaria adicional que les permite la devolución de hasta el 80% del impuesto, por lo que el proyecto de ley actual difícilmente tendría un efecto perceptible en reducir los precios de productos de consumo. Por todas estas razones, la rebaja al impuesto al combustible debería ser desechada en su totalidad y ser reemplazada por iniciativas que sí cumplan con el objetivo buscado. El proyecto actual es una medida regresiva disfrazada de progresiva, un lobo vestido de oveja.
Fuente: LaTercera.com
