“TARIFA DE DISPENSACIÓN”: La regulación de precios en farmacias que abrió nueva pugna en la industria farmacéutica

Aunque la proposición explicita que los establecimientos podrán fijar dicha tarifa ‘libremente’, de todas formas cayó como balde agua fría entre los distribuidores, que apuntaron sus dardos a los laboratorios como la causa de los altos precios. El gremio de los laboratorios de innovación, en cambio, apunta a bajar el gasto de bolsillo, por medio de una cobertura universal de medicamentos, muy en la línea de lo que hace la Ley Ricarte Soto.Este jueves, el presidente del sindicato 1 de trabajadores de Salcobrand, Patricio Castro, advertía en una reunión por Zoom —en la que había varios actores de la industria farmacéutica conectados— que justamente en estos días están en proceso de negociación colectiva, y que la compañía ya les manifestó que tendrá efectos la nueva regulación que el Ejecutivo impulsa, en el marco de la discusión del proyecto conocido como ley de Fármacos II.

Dicho proyecto se debate en el Congreso desde 2015, aún no ve la luz, y en medio del desacuerdo en su tramitación parlamentaria entre ambas cámaras —el proyecto está en comisión mixta—, el Gobierno se la jugó por un conjunto de propuestas que incorporan elementos de regulación de precios en la cadena de distribución.

Por eso, en su explicación, en aquella reunión telemática, el dirigente sindical hacía mención de que la empresa ya les advirtió que van a tener que cambiar su estructura comercial, y habló de cierres de locales y gente desempleada.

¿En qué consisten las propuestas del Gobierno? Además de hablar de un Observatorio Nacional de Medicamentos —entre varios elementos (ver recuadro)—, plantea una ‘tarifa de dispensación’ en el caso de la venta a público en farmacias. En simple, el precio de venta a público sería la suma del costo directo del aprovisionamiento (lo que le cuesta a la farmacia comprar un fármaco), más una suma fija por costo de intermediación de los medicamentos (la tarifa de dispensación), pudiendo las farmacias agrupar en hasta 10 conjuntos los medicamentos, que serían las ‘categorías de tarificación’. Por ejemplo, todos los que tengan el mismo DCI (denominación común internacional), o una misma agrupación de principios activos deberían estar dentro de una misma categoría. Así, las farmacias competirían por el costo de intermediación.

Por razones diferentes —y opuestas en muchos casos—, estas propuestas no dejaron a nadie conforme. Ni a la oposición, que consideró las medidas insuficientes, pero sobre todo cayeron como balde de agua fría en la industria de las farmacias, grandes y de cadena, y también chicas e independientes. Porque si bien estas indicaciones explicitan que ‘cada establecimiento podrá fijar libremente la tarifa de dispensación’ asociada a cada una de las categorías, en la práctica igual significa que de prosperar estas propuestas, deberán develar cuánto cobran ellas sobre el costo que les sale comprar a los laboratorios, lo que hizo que ardiera Troya. Se reflota así la eterna discusión sobre quién se lleva la mayor tajada del precio: fabricantes o intermediarios.

Femsa: ‘La causa de los altos precios está en los costos de adquisición de las farmacias a los laboratorios’

Varios actores de la industria de la distribución hacen ver que la fijación de precios no estaba en las ideas originales del proyecto, que se están tomando solo parcialmente las propuestas de la FNE, y hacen ver que esto debiera verse en una ley distinta, con tiempo, para aquilatar un tema de por sí complejo.

En reserva, varios actores coinciden en que si lo que se buscaba era apretar a las tres grandes cadenas, incluso por temas reputacionales (el caso colusión aún está en la retina), la verdad es que esta regulación, de llegar a puerto, se aplicará —como unidades económicas— sobre un universo de 3.800 farmacias existentes en el país, de las cuales 62% son independientes, y muchos no podrán soportar esta competencia por intermediación, lo que concentrará aún más el mercado.

Además, ven aspectos prácticos que a sus ojos están mal planteados. Por ejemplo, se establece que a los establecimientos que tengan un controlador común, las categorías de tarificación deberán ser las mismas para todos ellos. Un actor en reserva dice que hasta los precios de arriendo de los locales difieren según la ubicación geográfica, por lo que es muy complejo que se aplique de esa forma unificada la tarifa. ‘Las cadenas van a tener que aligerar su estructura, menos locales, menos ubicaciones’, dice un actor en privado.

Una de las compañías que en los últimos meses ha sido muy activa —dado que desde enero se sabía que el Gobierno trabajaba en esta senda de regulatoria—, ha sido la mexicana Femsa, la dueña de Cruz Verde, que junto con hacer una consulta no contenciosa al TDLC, había activado una ofensiva entre autoridades, mostrando con estudio y números en mano —un informe encargado al economista UC Joaquín Poblete—, cómo en los remedios de marca la mayor fracción del precio corresponde a los laboratorios. De hecho, había socializado una propuesta en pos de incorporar en las superficies de las cajas o envases de estos medicamentos advertencias para los consumidores, haciendo ver que estos medicamentos incorporan en sus precios gastos de promoción médica.

Ahora, constatado que el camino que sigue la autoridad es esta senda regulatoria, la compañía es categórica: ‘El Gobierno en su propuesta no se hace cargo del problema, porque propone regular exclusivamente a las farmacias, cuando la causa de los altos precios está en los costos de adquisición de las farmacias a los laboratorios, en especial en los medicamentos de marca y con receta. Los laboratorios invierten en promoción médica para que los médicos receten sus productos, y los pacientes obedecen las marcas que estos les recetan. Los chilenos deben saber que el 60% del precio neto que pagan por los medicamentos de marca y con receta tiene por destino los laboratorios. Si estos, además, son originales, hablamos de un 72%’, resume Sergio Rojas, director de Asuntos Corporativos de Femsa Salud Chile.

En Farmacias Ahumada, la otra firma de capitales extranjeros presente en Chile —ligada a la americana Walgreens Boots Alliance Inc—, aseveran: ‘Pensamos que tal como está planteado el proyecto de Fármacos II, no resuelve el problema, porque a nuestro juicio, las falencias que existen en nuestro país están en el acceso y el financiamiento de los medicamentos’.

Salcobrand, la única compañía de cadena de capitales chilenos (Grupo Yarur), optó por no pronunciarse, al ser consultada por este medio.

A su turno, Héctor Rojas, el presidente del gremio de las farmacias independientes (AFFI Chile), fue categórico en su juicio. En su parecer, acá se está regulando solo a las farmacias, y a los laboratorios internacionales se les deja ‘chipe libre’, porque van a poder poner el precio que se les ‘antoje’. Para evidenciarlo, puso el ejemplo de la insulina, que se les vende a las farmacias a $24.969 (valor sin IVA), en circunstancias que ese mismo producto adherido a Cenabast se vende a $2.086. ‘Esta propuesta del Gobierno y la oposición no se hace cargo de esta diferencia’, dijo.

Otro actor hace ver que como está planteada la propuesta, todos van a conocer los márgenes de las farmacias y nadie los de los laboratorios. ‘No se quiso tocar a los laboratorios, la regulación se concentra solo en las farmacias. No hay proporción’, se lamenta un actor.

Laboratorios de innovación: Cobertura universal de medicamentos con contención de gasto fiscal

La propuesta del Gobierno también establece una regulación de precios a los laboratorios —habla de un ‘precio máximo’—, pero para los medicamentos que estén cubiertos por el GES (es decir, con cobertura de seguro) y que tengan patente, no para el resto. De allí la crítica de los distribuidores y también de la oposición, que busca regular a todo nivel, incluyendo los medicamentos sin cobertura.

Pero en la industria de los laboratorios de innovación, contraargumentan señalando que ellos casi no compiten en este mercado retail. Según sus números y para los medicamentos de innovación, el canal retail representa para ellos solo el 8,5% de las ventas en unidades y el 20% en valor, pues el grueso de su mercado (90%) está en hospitales y clínicas (canal institucional).

Por ello, sí están de acuerdo en la regulación de precios, pero en los medicamentos con cobertura, en la línea de la propuesta del Gobierno, porque la evidencia internacional, apuntan, muestra que la regulación de precios para los medicamentos sin cobertura demuestra un escaso efecto en precio, ya que las rentas se traspasan a los intermediarios y no a las personas, como es el caso Ecuador y Colombia. ‘Regular precios sin cobertura no tiene ningún sentido’, dice un actor de estos laboratorios.

Sí hacen ver diferencias con la propuesta del Gobierno en su operativa. A ojos de la Cámara de la Innovación Farmacéutica (CIF) —que reúne a estos laboratorios de innovación—, lo urgente en verdad es reducir el gasto de bolsillo en medicamentos, saliendo de la lógica de que dependa del ingreso de las personas. Hacen ver que mientras en el país el 80% es gasto de bolsillo, en los países OCDE es la mitad. Y también con estudios en mano —un informe de Econsult de junio de 2020, titulado ‘El mercado de medicamentos, análisis de gasto y políticas de cobertura’—, su propuesta apunta a una cobertura universal de medicamentos, con contención de gasto fiscal a través de una regulación de precios que se basa en la evaluación de evidencia de los medicamentos y con institucionalidad que respalde las decisiones de cobertura y reembolso.

En concreto: ‘La propuesta del Gobierno de incorporar regulación de precios a los medicamentos con cobertura GES nos parece que va en el camino correcto, pero vemos algunas falencias en la forma en que se propone hacerlo’, dice Mariela Formas, vicepresidenta ejecutiva de la CIF.

Ese ‘pero’ apunta a que esta regulación quedaría radicada en un reglamento que establecería el valor de los medicamentos —que consideraría entre otros aspectos, costo de transporte o el valor al que fue vendido el año anterior a Cenabast—, mientras el gremio cree que debiera aplicarse la metodología que hoy ya se usa en la Ley Ricarte Soto, que opera bajo el sistema ETESA (Evaluación de Tecnología Sanitaria), en que se evalúa el aporte al sistema sanitario en su conjunto, de manera integral, incluyendo aspectos como menores hospitalizaciones y licencias, calidad y aumento de vida, etc.

Mariela Formas indica que los medicamentos innovadores y tratamientos de alto costo han sido pensados como una solución de salud pública, es decir, financiados a través de un seguro universal. ‘Esto en Chile no sucede y nadie puede financiar el tratamiento de un cáncer o una enfermedad poco frecuente. Creemos que los medicamentos deben ser parte de los seguros públicos y privados, donde el Estado además se incorpora como tercer pagador’, indica.

Al cierre de esta edición, la comisión mixta tenía fecha para seguir debatiendo y analizando el proyecto para el próximo jueves.

Fuente: El Mercurio