SII: Rebaja de impuesto a combustibles costaría hasta US$ 1.186 millones
Si el recorte de 50% se aplica solo sobre el componente base del gravamen, implicaría unos $730 mil millones (US$ 973 millones) de menor recaudación.La comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados continuó ayer con el estudio de la moción parlamentaria que modifica la Ley 18.502, que establece impuestos a combustibles, en el sentido de rebajar en un 50% el impuesto específico a las gasolinas automotrices y petróleo diésel, durante la vigencia de un estado de excepción constitucional o alguna calamidad pública. Entre los invitados que ayer expusieron, el primero en intervenir fue el director del Servicio de Impuestos Internos (SII), Fernando Barraza, quien explicó las características del gravamen y detalló la menor recaudación que el fisco tendría.
Precisó que, tomando como base la recaudación de 2020 y aplicando la reducción del 50% solo al componente base, habría una afectación de $730 mil 120 millones (US$ 973 millones) menos para el Estado, cifra que se eleva a $890 mil millones (US$ 1.186 millones) si se aplica la rebaja al componente variable del gravamen.
Alejandro Tirachini, académico de la Universidad de Chile, planteó que una rebaja en el impuesto no necesariamente se traduce en un beneficio directo para los consumidores, como lo demuestra la experiencia alemana, donde se disminuyó el IVA el año pasado, pero que solo benefició a los usuarios en un 40%, quedándose con el 60% restante las distribuidoras de combustibles. Además, remarcó que la rebaja beneficiaría a los deciles más ricos del país (por cada mil pesos que el Estado deje de recaudar, el decil de menores ingresos ahorraría entre cinco y 14 pesos, mientras que el más rico lo haría entre 133 y 353 pesos); y sostuvo que habría una importante merma de los recursos fiscales que se pueden destinar, por ejemplo, para financiar cerca de 310 mil pensiones, la construcción de 3,5 hospitales o la compra de 2.200 buses eléctricos.
Por su parte, el presidente de Conapyme, Héctor Sandoval, afirmó ante el grupo parlamentario que la medida es esperada por el sector del transporte público. Junto con entregar las cifras del aporte que este sector entrega al fisco cada año, recalcó que el impuesto específico es discriminativo, dado que grandes empresas, como las mineras, aéreas y marítimas, no lo pagan. Reconoció que es una propuesta difícil y llamó a definir la rebaja solo para el transporte regulado, que usa como insumo para su labor el combustible, pero no para los que desarrollan la actividad de manera ilegal o para la gente común, dado que aumentaría la congestión y la contaminación, junto con una reducción mayor de los ingresos fiscales.
En otro tema, la comisión ayer también analizó la efectiva implementación del denominado ‘bono alivio’ para las mipymes y que debe incluir por norma a los feriantes. El ministro de Economía, Lucas Palacios, entregó la visión del Gobierno en torno a la aplicación de la normativa. En este marco, sostuvo que la aprobación de una indicación durante el trámite legislativo vino a crear mayores trabas a los feriantes, ya que se les está exigiendo contar con el permiso municipal respectivo vigente. Los diputados evalúan llevar el caso a la Contraloría de la República, de modo que dirima cuál es la vía para proceder en la ley indicada o, en su defecto, avanzar en una ley corta que resuelva la situación.
Fuente: El Mercurio