#Opinión Un camino de dos vías: justicia y progreso
Por: Felipe Balmaceda UNAB, MIPP, ISCI
‘…que los políticos actuales promuevan la justicia —sin ni siquiera definirla— como el único objetivo loable al cual vale la pena abocarse y, por otro, se empeñen en minimizar el rol del progreso económico sostenido y destruir el progreso alcanzado es, indudablemente, contradictorio…’.Qué duda cabe: sin justicia, no hay progreso y quién, en su sano juicio, puede dudar de que sin progreso no hay justicia. El progreso es fundamental, independientemente de cómo definamos justicia. Si lo hacemos a la Rawls, quien la entiende como una sociedad de ciudadanos libres que poseen iguales derechos básicos e igualdad de oportunidades, o a la Bentham y Mill, quienes argumentan que una acción es justa cuando produce felicidad o placer e injusta cuando produce lo contrario. Para ello, consideran no solo la felicidad o placer de quien la lleva a cabo, sino que también la de todos aquellos que se ven afectados por dicha acción.
En ambas nociones de justicia subyace la idea de la búsqueda de felicidad y sus consecuencias sobre la sociedad como un todo. En Rawls, de forma colectiva y basada en el principio maximin, y en Bentham y Mill, de forma individual y bajo el principio utilitario. Independientemente de la propuesta, la felicidad se logra a través del consumo de bienes y servicios. Algunos se adquieren a través del mercado —vivienda y educación— y otros son el resultado de las interacciones y normas sociales —autodeterminación, participación política y respeto a los derechos individuales. Ahora bien, para que la gran mayoría de estos bienes estén disponibles para un creciente número de ciudadanos, necesitamos progreso económico, político y cultural y, para que estos últimos sean posibles, es necesario progreso económico sustentable.
Esto se debe a que sin este, se hace imposible cubrir las necesidades más básicas del ser humano (vivienda, educación, salud, etcétera) y, en consecuencia, es imposible satisfacer las necesidades políticas y culturales necesarias para que el quehacer de la sociedad sea más justo. Por lo tanto, que los políticos actuales promuevan la justicia —sin ni siquiera definirla— como el único objetivo loable al cual vale la pena abocarse y, por otro, se empeñen en minimizar el rol del progreso económico sostenido y destruir el progreso alcanzado es, indudablemente, contradictorio. Si a esto sumamos que la sociedad chilena enfrenta una crisis de expectativas no realizadas y los ciudadanos están en una búsqueda desesperada por reconocimiento que, a juzgar por las demandas, descansa de manera importante en el estatus socioeconómico alcanzado y, en menor medida, en la participación política, la promesa de justicia como un bien superior y el progreso económico sostenido como un bien de importancia secundaria es un camino claro al fracaso.
Todos los chilenos, sin excepción, hemos progresado como nunca en la historia de nuestro país en los últimos 30 años; sin embargo, este progreso no ha sido del todo homogéneo y, por ende, no ha sido del todo justo. El sistema de pensiones actual ejemplifica aquello de buena forma, dado que entrega muy buenas pensiones a aquellos con trabajo formal estable, y muy malas pensiones a aquellos que rara vez en su vida laboral acceden a empleos formales, que es un porcentaje no despreciable de la fuerza laboral. Los políticos defensores de la justicia como bien superior, y que desprecian el progreso de los últimos 30 años, se encargan hoy de destruir nuestro sistema de pensiones con mentiras y excusas de escaso pedigrí intelectual en pos de la burda mentira de alcanzar la justicia. Sin embargo, es sabido por todos que las razones para las bajas pensiones no tienen nada que ver con la capitalización individual, ni con las AFP.
El problema está en la informalidad del mercado laboral, la baja tasa de cotización, los bajos sueldos debido a la baja productividad del trabajador chileno, el débil pilar solidario, el envejecimiento de la población y la temprana edad de jubilación, y la baja adopción de la modalidad rentas vitalicias. Todos problemas conocidos, que los gobiernos y congresos anteriores tuvieron la oportunidad de solucionar. Qué duda cabe que su destrucción implicará malas pensiones por los próximos 30 años para todos, menos ahorro e inversión, y una inflación mayor por un par de años más. En suma, menos progreso y más injusticias. Es indudable que la lista de situaciones en que la justicia no ha avanzado todo lo que quisiéramos es larga y que el camino a recorrer para reducirla es largo y sinuoso. Se puede asegurar que el éxito no está garantizado, pero lo que sí está totalmente garantizado es el fracaso si los políticos insisten en su falso dilema de justicia versus progreso, cuando la verdad es que la justicia y el progreso son un camino de dos vías.
Fuente: El Mercurio
