Municipios alistan servicio de transporte gratuito para el plebiscito, a la espera de instrucciones de Contraloría

COMICIOS. Alcaldes difieren en si pueden ofrecer dicha colaboración durante jornadas eleccionarias. Servel advierte que los traslados se deben realizar “sin propaganda ni inducción del voto por una opción”. El próximo 4 de septiembre el sufragio es obligatorio y quien no participe arriesga multas de hasta 3 UTM.

Faltan 16 días para el plebiscito que definirá si se aprueba o rechaza la propuesta de Constitución redactada por la Convención Constitucional. Y pese a que durante los últimos años en el país ha habido una serie de elecciones, varios factores hacen que la del 4 de septiembre se prevea distinta. Por un lado, existe un amplio universo de votantes potenciales. En junio, el Servicio Electoral (Servel) informó que hay 15.173.857 electores habilitados para sufragar, según el padrón electoral solicitado.

Pero además, se trata de una elección con voto obligatorio, donde quienes no participen arriesgan multas de hasta 3 UTM (poco menos de $180 mil). Organismos como Pulso Ciudadano proyectan que podrían concurrir a las urnas poco más de 9 millones de personas. Además, el sábado pasado, el Servel publicó los locales y mesas de votación y en un comunicado explicó: “Todas las mesas serán nuevas y los locales de votación pueden haber cambiado debido a la implementación de la Ley N° 21.385, que modificó la forma de asignar los electores a los locales de votación para permitir acercarlos a su domicilio electoral”.

Todo esto puede presentar un desafío, porque si bien el objetivo de la ley era evitar los largos traslados de las personas para votar, podría haber desconocimiento ciudadano de las modificaciones. Para Franco Basso, académico de Ingeniería de la U. Católica de Valparaíso, experto en temas sobre movilidad, “sin lugar a dudas va a haber problemas (el día del plebiscito) porque la gente no va a conocer sus mesas”. Frente a todo lo anterior, algunos municipios ya alistan disponer de transporte gratuito para ayudar al traslado de sus vecinos, algo que también hicieron en diciembre pasado, durante la segunda vuelta presidencial, pero están ala espera de lo que pueda decir Contraloría al respecto.

Por ejemplo, desde la Municipalidad de Ñuñoa, liderada por la alcaldesa Emilia Ríos, sostienen que allí cuentan con un servicio diario de buces de acercamiento y que “en cada elección se dispone de un servicio especial, para facilitar que vecinas y vecinos de Ñuñoa puedan ejercer su derecho a voto. Hoy, en función de los últimos dictámenes emitidos por Contraloría, estamos a la espera de un pronunciamiento claro que señale si los municipios podrán o no continuar realizando esta labor, tan esperada y exigida por la ciudadanía”.

Es que hay dudas sobre qué participación pueden tener los gobiernos locales. El alcalde de Curacavi, Juan Pablo Barros, vicepresidente de la Asociación de Municipios Rurales, que reúne 18 comunas en la Región Metropolitana y más de 100 a nivel nacional, cuenta que el dictamen de Contraloría 42009, de 2014, dice que “no corresponde que los municipios ejecuten medidas a fin de disponer en favor de la comunidad, medios de traslado en los eventos electorales”.

El mismo documento explica que “si bien los procesos electorales pueden ser entendidos como un mecanismo de participación ciudadana (…) constituyen, en todo caso, un asunto de interés nacional, por lo cual, en concordancia con lo anteriormente expresado, las medidas que se adopten en relación con la materia no pueden ser dispuestas por entidades con competencia territorial limitada, como son las municipalidades, por cuanto de aceptarse dicha hipótesis, podrían producirse diferencias arbitrarias entre una y otra localidad, situación que no resulta aceptable”.

Pese a esto, desde la Asociación de Municipalidades de Chile informan que se ha conversado el tema en las últimas semanas y algunos alcaldes ya han socializado que utilizarán el transporte municipal que disponen. Rodolfo Cartea; alcalde de La Florida, asevera que “el 4 de septiembre vamos a disponer de los cuatro buces de dos pisos que realizan recorridos habituales de acercamiento a puntos de interés de la comuna desde los barrios, para poder acercar a los vecinos a los distintos centros de votación. Estos serán gratuitos y llegarán a todos los locales de votaciones.

Con esto buscamos poder facilitar el proceso para todas las vecinas y vecinos, sin diferencia alguna, lo importante es que todas y todos puedan emitir su sufragio de la mejor forma posible independiente de su opción”. Mientras, José Manuel Palacios, jefe comunal de La Reina, cuenta que “en La Reina, como lo hemos venido haciendo en los otros procesos electorales, pondremos a disposición de nuestros vecinos transporte para poder facilitarles el desplazamiento a sus locales de votación. Es importante que con el cambio en los locales la gente revise dónde le corresponde votar para evitar inconvenientes el día de las elecciones”. Carolina Leitao, alcaldesa de Peñalolén y presidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades, afirma que “lo más importante es garantizar el acceso a los locales de votación mediante una relación directa con Transportes y las secretarías regionales, en el caso de las regiones y zonas rurales”.

LAS ADVERTENCIAS

¿Pueden los municipios disponer de transporte durante los días de elecciones? ¿Quién fiscaliza? En Contraloría respondieron a “El Mercurio” que no habrá nuevos instructivos en relación con el plebiscito, además de los ya conocidos sobre prescindencia. Por su parte, desde el Servel afirmaron que “el traslado de personas a sus locales de votación no es un delito electoral y, de hecho, facilita la participación en sectores que pudiesen tener problemas de transporte”.

Eso sí, advierten que “durante el traslado no se puede hacer campaña ni propaganda”; agregan que el Ministerio de Transportes ha establecido traslados especiales de localidades aisladas, y que los municipios pueden colaborar con el traslado de electores, pero recalcan: “Siempre que lo hagan sin propaganda ni inducción del voto por una opción”. Para Franco Basso, “la ayuda que puedan prestar particularmente las municipalidades tiene que ser siempre guardando ecuanimidad, de modo de lograr que se genere una ayuda pareja para todo el mundo en términos de transporte e información sobre los lugares de votaciones”.

Respecto del riesgo de acarreo político, opina que “las autoridades deben estar atentas a que los mansos públicos que se utilizan a través de estos buses de acercamiento a los lugares de votación sean conocidos por todos los votantes y que no se favorezcan aquellos lugares en los cuales se sabe que alguna preferencia podría tener ventaja con respecto a otra”. Una mirada similar tiene Ariel López, investigador del Núcleo Milenio Movilidades y Territorios (MOVYT): “Lo que es ilegal es llevara la gente a votar por un candidato en particular, pero facilitar medios de transporte para que las personas vayan a votar, no es algo ilegal.

De hecho, lo vimos en las últimas elecciones cuando no había transporte público en las calles, las personas se llevaban unos a otros. Eso es un acarreo positivo”. López añade: “El acarreo se debe fiscalizar si es que comete algún ilícito, que es llamar a votar por un candidato o por una opción, pero facilitar que las personas puedan ir a votar y ayudarse como comunidad es algo positivo”. El tema no es menor, ya que la recta final ante el plebiscito ha estado marcada no solo por intensos debates acerca del contenido del texto y compromisos de reformas, sino también por acusaciones de eventual intervencionismo electoral. Estas últimas han sido levantadas principalmente desde la oposición, quienes acusan que servicios como hospitales, municipios y autoridades de gobierno estarían haciendo campaña a favor del Apruebo con recursos públicos.

DESDE EL GOBIERNO

El 19 de diciembre pasado, día de la segunda vuelta presidencial, la entonces jefa de campaña de Gabriel Borle y actual ministra del Interior, lzkia afirmaba cerca del mediodía que “nos han llegado muchas denuncias de distintas comunas de nuestro país en donde la flota sería menos de la mitad de la habitual”.

Frente a la próxima elección, el Gobierno ha sostenido, a través del Ministerio de Transportes, que ha trabajado para asegurar la movilización el 4 de septiembre. El 2 de agosto recién pasado se publicó en el Diario Oficial una modificación al artículo 38 del Código de Trabajo, que detalla que el descanso dominical de trabajadores de transporte público (urbano y rural) no aplicará en caso de elecciones populares o plebiscitos. Ese día pendiente de descanso será compensado en un domingo de un mes que no haya elecciones.

Fuente: El Mercurio de Valparaiso