Los factores que frenan al proyecto que busca crear el Centro Automatizado de Infracciones del Tránsito

En medio de alza de muertes en accidentes, expertos señalan a los congresistas, incluida la bancada de la UDI, e ‘intereses de los automovilistas’ como algunos de los elementos incidentes.

En enero de 2014 ingresó al Congreso el proyecto de ley que busca crear un Centro Automatizado de Tratamiento de Infracciones (CATI). La iniciativa propone una fiscalización automatizada para detectar infracciones por exceso de velocidad, lo que permitiría prevenir siniestros viales.

Los expertos coinciden en que cada vez es más necesaria su implementación, considerando también los lamentables números de fallecidos, y remarcan en los factores que podrían no estar generando consenso o urgencia en su tramitación.

‘Uno de los argumentos que surgen desde algunos parlamentarios es que existe cierta restricción a la privacidad’, comenta Andrés Santelices, miembro de la Dirección de Innovación de Ingeniería de la U. del Desarrollo, debido a que se trata de fotografías para controlar. Y asegura que aquello ‘no tiene asidero’.

‘Por otra parte, se ha mencionado también que esto podría ser una especie de fotorradares 2.0, ese proyecto que en un momento se ejecutó en el país y que decían que eran una especie de ‘cazabobos’. Casi que eran como cámaras escondidas’, añade. Pese a ese planteamiento, en la página web del Ministerio de Transportes se consigna que los equipos ‘estarán debidamente señalizados, tanto en la vía como en un sitio web’.

Como tercer elemento, Santelices afirma que ‘se suele decir que es mejor educar que estar multando, que estar sancionando. Estoy muy de acuerdo con educar, pero la educación tiene muy poco efecto si uno no fiscaliza y no sanciona’.

Franco Basso, académico de la U. Católica de Valparaíso, sostiene que el CATI es ‘tremendamente necesario’, aunque cree que es ‘un proyecto bien polémico’, pues, por ejemplo, ‘toca una serie de intereses que son muy importantes, como por ejemplo, el de los propios automovilistas, a los que obviamente no les gusta que les anden sacando partes. Los automovilistas son, en general, los que tienen los mayores poderes de decisión en distintos ámbitos político-empresariales, y eso hace que si no se logra justificar bien la necesidad de esto, puede generar problemas con distintos parlamentarios’.

Añade que ‘los tomadores de decisiones usualmente se mueven en auto; entonces, son más susceptibles de empatizar con los problemas de los automovilistas que con los de otros modos de transporte’.

Alberto Escobar, gerente de Movilidad y Políticas Públicas de Automóvil Club, comenta: ‘Yo diría que la bancada de la UDI es la que principalmente se opone, tal vez la figura del senador (Juan Antonio) Coloma (UDI) podría aparecer como el gran opositor a este tema, porque ellos piensan que el neoliberalismo también va asociado a la libertad de acción y a no ocuparse por la seguridad del prójimo. Esa es mi opinión’.

La exministra de Transportes Gloria Hutt discrepa: ‘Creo que es un ritmo que se arrastra, porque no había quedado ninguna cosa pendiente crítica que no hubiera sido resuelta. Creo que esto es solamente que no se le ha puesto la urgencia necesaria, o no se pone en tabla’.

La iniciativa será discutida el miércoles en la comisión de Hacienda del Senado. Uno de sus miembros, José García (RN), plantea que el ingreso del proyecto a la instancia ‘coincidió con el proyecto de Ley de Presupuestos 2023, el reajuste al sector público y varias iniciativas que han contado con la calificación de urgencia que coloca el Ejecutivo. No existe ánimo de atrasarlo’. El texto cuenta con suma urgencia desde el 22 de noviembre.

Con todo, Juan Carlos Muñoz, ministro de Transportes, manifiesta que es ‘necesaria y urgente’ su implementación, y dice que ‘en países como España y Francia ha demostrado gran efectividad, al provocar un efecto disuasivo en quienes se ven tentados en circular a una velocidad por sobre el límite permitido’.

Asimismo, estima que su implementación ‘podría reducir en al menos un 30% las muertes en el tránsito, es decir, podríamos evitar alrededor de 600 muertes al año’.

“Se estima que la implementación de esta iniciativa podría reducir en al menos un 30% las muertes en el tránsito, es decir, podríamos evitar alrededor de 600 muertes al año’. Juan Carlos Muñoz Ministro de Transportes.

Fuente: El Mercurio