El rayado de cancha del gobierno que sube la tensión en las eléctricas

Rodrigo Moreno, investigador ISCI y Académico del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Chile, es parte del equipo de profesionales que está trabajando en la llamada “Ley Larga” de Distribución Eléctrica.

El borrador del proyecto de ley que busca modernizar a las distribuidoras eléctricas está listo y sus detalles solo son conocidos por algunos personeros de gobierno. La apertura del mercado de venta de energía se convertirá en el foco de una discusión que la industria anticipa será larga.

Un verano intenso ha tenido el equipo técnico del Ministerio de Energía. En las últimas semanas la cartera ha sostenido reuniones de hasta tres horas con los gerentes de regulación de todas las distribuidoras eléctricas para avanzar en lo que será el mayor proyecto de ley que tramite el organismo que dirige Juan Carlos Jobet y que modernizará a un sector que hace 40 años no cambia su regulación.

Se trata de la llamada Ley Larga, normativa que quiere cambiar el mercado de la distribución de energía, segmento que cuenta con una ley cuyo objetivo inicial era desarrollar la infraestructura necesaria para aumentar la cobertura (electrificar) y luego, alcanzar una mejora en la calidad del servicio. Hoy el titular de la nueva normativa que el gobierno se comprometió a presentar al Congreso en los primeros días de marzo y que ya está en etapa de firmas, busca generar mayor competencia. Actualmente, en este mercado compiten cerca de 38 actores que en su mayoría son cooperativas eléctricas, pero cuatro son las empresas relevantes: Enel, CGE, Saesa y Chilquinta, firmas que pese al arduo trabajo que han mantenido con Energía, no conocen los detalles que contiene el borrador del proyecto de ley que durante estas últimas semanas ha estado circulando entre algunos personeros de gobierno.

A nivel de parlamentarios tampoco ha habido acercamientos. Esto, porque el compromiso tomado con Energía fue analizar el borrador en marzo y ese mismo mes comenzar la discusión, revela una fuente legislativa.
El resguardo se da porque la Ley Larga es la gran apuesta de Jobet para mejorar un mercado que a su juicio necesita con urgencia modernizarse, cuentan cercanos a la cartera. Es que de acuerdo con el titular de Energía -cuentan asistentes a las reuniones donde el ingeniero de la Universidad Católica ha manifestado su postura-, ninguna industria puede ser sostenible ni exitosa en el largo plazo si sus clientes no valoran lo que hacen. Y un claro ejemplo de ese malestar fue el incendio que afectó a la casa matriz de Enel, en avenida Santa Rosa, el pasado 18 de octubre, y los incendios de gran parte de las sucursales de CGE a lo largo del país.

Y su importancia también se refleja en el tiempo que el ministerio desea tomarse para su discusión. La meta es terminar el gobierno de Sebastián Piñera con una nueva ley de distribución. “Sabemos que esta ley es compleja, nos tomaremos el tiempo necesario”, afirma una fuente vinculada con la cartera. Tema no menor considerando que la agenda de Jobet ha sido intensa en los ocho meses que lleva en el cargo. Tramitó la ley de estabilización eléctrica en cuatro días y aprobó la Ley Corta con amplia mayoría. Además, logró diseñar la polémica normativa para los pequeños medios de generación (PMGD) y selló un acuerdo con El Campesino para evitar que el llamado “contrato fantasma” perjudicara al sistema eléctrico. Ahora quiere terminar con un cuerpo legal que está vigente hace cuatro décadas y que otros ministros han querido reformular, y no han sido exitosos. De hecho, en el gobierno anterior, tanto Máximo Pacheco como Andrés Rebolledo avanzaron en un trabajo prelegislativo relacionado con la distribución eléctrica y dejaron un borrador de un potencial proyecto de ley, documento que fue desechado por la anterior ministra Susana Jiménez.

Apertura del mercado

Hoy el nuevo cuerpo legal contendría algunos aspectos de ese borrador, cuentan conocedores del documento que se ha mantenido en un reducido círculo del gobierno. El sello relevante que Energía quiere poner en esta discusión es terminar con el monopolio natural de las distribuidoras en lo relacionado con la venta de la energía y abrir el mercado hacia los comercializadores eléctricos, intermediarios que no necesariamente están vinculados con el mundo eléctrico y que pueden ofrecer electricidad a los clientes finales. El modelo es usado en países como España o Estados Unidos donde incluso tiendas vinculadas al retail pueden ofrecer dentro de sus productos, la venta de energía.

Uno de los requisitos para abrir el mercado es conocer el perfil de consumo de los clientes. Por eso dentro de la nueva normativa se propondrá licitar el rol de un administrador de esa información, la que sería clave para saber tanto los consumos como el perfil de pago de los potenciales clientes y, así, los nuevos comercializadores puedan ofrecer un producto a la medida del cliente que quieran capturar. “Es necesario que el administrador de esa información sea un ente tercero independiente, porque tiene que velar para que esos datos sean confidenciales. Es información sensible y que solo se pondría a disposición de este ente en los casos que los clientes quieran que otros actores les ofrezcan servicios”, señala un conocedor del proyecto de ley.

Añade que en Energía se ha conversado bastante el tema y se planteó inicialmente que este rol lo cumpliera el Coordinador Eléctrico, pero la propuesta no ha prosperado dado el nivel de carga que tiene hoy ese organismo. “La discusión, en todo caso, no está cerrada”, cuenta la fuente consultada.

La apertura de este mercado encendió las alertas del sector privado y será uno de los puntos que las distribuidoras más defenderán en la discusión que se dará en Valparaíso. La posición de la industria será aprobar la apertura, pero harán un llamado a que la propuesta no contenga vicios de irrealidad. Esto, por un elemento que las distribuidoras indican como prioritaro: la calidad del servicio. Un ejemplo de un ejecutivo del sector es qué pasará cuando haya interrupción del suministro. “¿A quién acudirá el cliente, a la empresa de retail que le ofreció la energía, pero que no maneja las redes, o al distribuidor? ¿El comercializador tendrá brigadas también para responder a las emergencias? Ese es un tema que no está resuelto”, enfatiza.

Otro punto que estará en la mesa será el factor de riesgo, pues el nuevo actor deberá contar con garantías para asegurar el suministro, además de cumplir con otras restricciones orientadas a la protección de los clientes, cuentan fuentes vinculadas con Energía.

En todo caso, aseguran conocedores del anteproyecto, esta apertura del mercado será gradual, lo que quedará muy claro en el proyecto de ley. “Habrá un proceso de transición muy gradual hacia la comercialización, lo que se logrará con una reducción de las barreras de entrada a la oferta, la ampliación de la demanda a partir del incremento de la demanda libre, la educación de los consumidores y el establecimiento de medidas para su protección, en función de las condiciones de competencia que se observan en el mercado y monitoreando la necesidad de reponer señales de largo plazo en el sistema”, se detalla en uno de los informes técnicos que usó el ministerio para el diseño de la nueva normativa y a la que tuvo acceso Pulso Domingo.

La idea del gobierno es respetar los contratos que ya están firmados, lo que es relevante como señal hacia el inversionista. “Necesitamos que el sector siga invirtiendo, por eso este será un tema que se va a destacar en la discusión”, asegura un asesor de Energía.
Pero el ministerio también quiere hacerse cargo de la calidad del servicio y para ello quiere incorporar dentro de la ley larga, una modernización del mecanismo de compensación para los clientes, medida que será distinta al proyecto que en paralelo se quiere discutir, relacionado con un fortalecimiento de la Superintendencia de Electricidad y Combustible (SEC), un viejo anhelo del sector y que también ingresaría en marzo al Congreso.

Guiño al sector

Un punto que la industria está esperando conocer en detalle se enfoca en los cambios que se producirán en la “empresa modelo”, elemento esencial para la fijación de la tarifa y a lo que históricamente la industria ha pedido modificaciones. Es que la regulación actual no reconoce tarifariamente las inversiones reales, como se hace en muchos países, sino que más bien las inversiones de una empresa modelo, que es más eficiente que la real y que al partir de cero cada cuatro años, no considera en su construcción los antecedentes históricos que llevaron al actual diseño de la red.

En el proyecto de ley, las distribuidoras mantendrían su calidad de monopolio en lo relacionado con la planificación, operación y mantenimiento de la red de distribución. Por lo tanto, “serán remuneradas de acuerdo a una metodología de valorización por empresa modelo eficiente perfeccionada”, destaca el informe técnico.

La posición del gobierno es realizar “algunos ajustes” al esquema con el objetivo de que los riesgos estén bien reflejados, cuenta un conocedor del proyecto de ley. Una materia que el Ejecutivo quiere plantear en la discusión es el sistema de obsolescencia, con el fin de que las nuevas inversiones sean reconocidas en la tarifa.

Este punto no es menor, ya que todas las inversiones que las compañías han realizado para mejorar las redes desde el terremoto o por problemas climáticos que han afectado el suministro eléctrico los últimos años, no han sido reconocidas y son calificadas como “pérdidas” por las empresas.
Y es más relevante aún porque el sector está en pleno desarrollo de un millonario plan de inversiones -de unos US$ 6.000 millones, cifra similar a toda la inversión que ha hecho la industria en redes desde la década del ochenta- para cumplir con la norma técnica de calidad de servicio que se aprobó en 2017 y que aborda principalmente las interrupciones de suministro eléctrico y mejora la calidad de la información que dichas compañías entregan a los clientes.

Equipos a la cancha

La industria sabe que las conversaciones con el gobierno no serán fáciles, sobre todo porque el diálogo entre las partes quedó resentido luego de la aprobación de la Ley Corta donde se rebajó la tasa de rentabilidad de las empresas distribuidoras y donde el sector no tuvo mucho espacio para hacer valer su postura, acusa un ejecutivo de la industria.

Por eso para el diseño de la Ley Larga, Energía armó un equipo potente donde además de contar con la experiencia de Hugh Rudnick, académico de la Universidad Católica y reconocido experto del sector, la cartera que lidera Jobet también fichó al exgerente general de CGE, Pablo Guarda. Su vínculo con Jobet es antiguo. Ambos se conocieron hace una década, cuando fue el terremoto del 27F. Guarda, en CGE, y Jobet, en ese tiempo, jefe de gabinete del entonces ministro del Interior Rodrigo Hinzpeter, se coordinaron para restablecer el servicio eléctrico. “Ellos han trabajado juntos. Tienen cosas en común: ambos son francos y directos”, recalca una fuente de Energía.

El ministerio también reclutó a Gustavo Riveros, quien tuvo una larga trayectoria en Saesa. “Era necesario tener gente que conociera a las empresas por dentro”, indica la fuente.
La asociación de empresas distribuidoras, en tanto, está trabajando con Rodrigo Moreno, académico del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Chile e investigador del ISCI (Instituto Sistemas Complejos de Ingeniería).

Fuente: La Tercera.com